A partir de los cambios recientes en la gestión migratoria de las Fronteras Sur y Norte, y particularmente las restricciones de ingreso por vía terrestre implementadas desde el pasado 19 de marzo, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes hemos documentado un rechazo expreso a personas y familias solicitantes de refugio, asilo y con necesidades de protección internacional que intentan ingresar a México en puntos de acceso formal como es el caso del puente Rodolfo Robles.

En este sentido hacemos un llamado a las autoridades involucradas en la garantía de protección para que:

• De manera coordinada, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado establezcan una ruta clara para garantizar el acceso efectivo a la información y procedimientos de refugio, asilo, declaración de apatridia y protección complementaria.
• El Sistema Nacional para la Protección Integral de la Familia, a través de las Procuradurías de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes ejerzan su labor de velar por la protección y el interés superior de las y los menores migrantes y refugiados, desde los puntos de ingreso al país, en el seguimiento a los casos individualizados y sea efectivo el interés superior.
• Se acabe con la obstaculización de la labor de observación, monitoreo, promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres migrantes, con necesidades de protección internacional y refugiados.

En el marco del despliegue de operativos de contención migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) en conjunto con fuerzas de seguridad, Guardia Nacional (GN) y ejército, que inició el 19 de marzo del presente año a partir de las negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y México, observamos y denunciamos diversas situaciones violatorias de los derechos humanos hacia las personas migrantes con necesidades de protección internacional en los corredores que conforman la frontera sur de México.

• Privación de la libertad bajo condiciones indignas de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el COVID-19, espacios insalubres, falta de alimentación adecuada, nula atención médica y de espacios diferenciados por género en la Estación Migratoria conocida como La Mosca. El personal de seguridad privada utiliza lenguaje amenazante y abusivo con las personas detenidas y no se les garantiza el derecho a la comunicación con el exterior.

• Detenciones de mujeres con bebés, niñas, niños y adolescentes (NNA), y NNA no acompañados, contrarias a la Ley de Migración vigente, en las estaciones migratorias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Comitán y el CAIFT de La Trinitaria.

• El absoluto desconocimiento, y por tanto nula actuación, de las procuradurías a cargo de la protección de NNA, DIF estatales y municipales ante la detención y privación de libertad de NNA y sus familias.

• Invisibilización de las necesidades de protección internacional de las personas víctimas de desplazamiento forzado y por ende falta de acceso a la Protección Internacional y otras formas de regularización migratoria en México.

• Deportaciones inmediatas que impiden el derecho a la información y solicitar protección internacional.

• Detenciones de personas con documentos de estancia regular vigentes en México.

• Obstaculización de la labor de observación, monitoreo y defensa de los Derechos Humanos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional

En el marco de la implementación de la reforma en materia de infancia migrante, la situación actual de más de 300 personas, en su mayoría familias conformadas por mujeres con niñas, niños y adolescentes (NNA), detenidas en la bodega acondicionada como Estación Migratoria Cupape II - La Mosca - en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas revela las consecuencias del reforzamiento del operativo de control migratorio y el cierre de fronteras anunciados el pasado jueves 18 de marzo por el gobierno mexicano ante la presión de Estados Unidos por contener el tránsito de personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

A pesar de que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNN) en su artículo 111, señala que en ningún momento las niñas, niños o adolescentes migrantes, independientemente de que viajen o no en compañía de una persona adulta, serán privados de la libertad en estaciones migratorias o en cualquier otro centro de detención migratoria, actualmente cerca de 329 personas muchas de ellas mujeres con sus hijas e hijos, se encuentran privadas de la libertad exigiendo sus derechos, entre ellos la liberación de NNA acompañadas quienes, en todo caso, deben recibir la atención y protección inmediata de la Procuraduría Federal de Protección y del Sistema DIF Estatal y Municipal. Preocupa, además, la situación de hacinamiento en que se encuentran, en completa contradicción con las medidas sanitarias a nivel federal de prevención del COVID-19 y que, en el caso de la Estación Migratoria de La Mosca, profundiza las graves condiciones de alimentación, salud y bienestar que se han denunciado desde su apertura en 2019.

We, the signatory organizations of this appeal, express our concern and rejection of 1) the measures restricting transit for non-essential activities at the land borders of Mexico announced on March 18 of this year by the Mexican Ministry of Foreign Affairs (SRE), as well as 2) the deployment of migratory containment operations along Mexico’s southern border, announced in external bulletin No. 144/2021 published March 19 by Mexico’s National Migration Institute (INM). The proposed measures seek to halt the movement of displaced unaccompanied children and adolescents (UC) and migrants with international protection needs, and they were made public in the context of negotiations with the United States to access vaccines against COVID-19.

We reject the response of the Mexican State to the displacement of individuals, families and children with international protection needs, because it denies the right to seek asylum, despite the fact that such displacements were foreseeable due to the persistent violence and insecurity, the deepening economic crisis derived from the impact of COVID-19, as well as the disasters caused by hurricanes Eta and Iota in the northern region of Central America.

Externamos nuestra preocupación y rechazo a las medidas de restricción de tránsito para actividades no esenciales en las fronteras terrestres de México dadas a conocer el 18 de marzo del año en curso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como el despliegue de operativos de contención migratoria en la frontera sur del país anunciados en el boletín (144/2021) publicado el día 19 de marzo por el Instituto Nacional de Migración (INM). Medidas que tienen como objetivo detener el desplazamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes y con necesidades de protección internacional, y que se dieron a conocer en el contexto de las negociaciones con Estados Unidos para acceder a las vacunas contra la COVID-19.

Rechazamos que la respuesta del Estado mexicano a los desplazamientos de personas, familias y NNA con necesidades de protección internacional sea negar el derecho a solicitar refugio, a pesar de que dichos desplazamientos eran previsibles en virtud de la persistente violencia e inseguridad, la  profundización de la crisis económica derivada del impacto de la COVID-19, así como los desastres naturales ocasionados por los huracanes Eta e Iota en la región norte de Centroamérica.