• Familias centroamericanas son expulsadas desde EEUU a la Frontera México-Guatemala
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El pasado 9 y 10 de agosto, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM), documentó la llegada a Tapachula, Chiapas, de un vuelo diario proveniente de McAllen, Texas, Estados Unidos, que transportaba a personas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas expulsadas bajo el Título 42.
En ambos días, las personas, principalmente mujeres y familias con niñas y niños, fueron transportadas desde Tapachula en autobuses del Instituto Nacional de Migración (INM), (cuatro el primer día y ocho el segundo), hacia Talismán, frontera con Guatemala, custodiados por patrullas de la Guardia Nacional (GN), en donde se les abandonó en la frontera con Guatemala, como sucedió bajo la política de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). Sin que hasta el momento haya claridad sobre qué proceso administrativo siguieron en México.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE), externamos nuestra preocupación ante los actos de tortura a los que fue sometida la población migrante y refugiada en la Estación Migratoria Siglo XXI el pasado martes 15 de junio, así como la falta de acciones contundentes del Poder Judicial de la Federación para garantizar la protección de las víctimas.
A partir de las denuncias públicas realizadas en distintos medios de comunicación1, así como los testimonios de las propias personas, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano documentamos actos de tortura a los que fueron sometidos los hombres detenidos en el módulo masculino, luego de que protestaran por la falta de claridad en sus procesos migratorios y de acceso al refugio, y por recibir comida en descomposición.

Mary Lawlor
Relatora Especial sobre la Situación de Defensoras y
Defensores de los Derechos Humanos
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos

Distinguida Dra. Lawlor,
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, conformado por las organizaciones abajo firmantes, nos dirigimos a usted para solicitar la acción urgente de la relatoría especial sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos para garantizar condiciones de seguridad y dignidad en la labor de promoción y defensa de los derechos humanos que como Colectivo realizamos.

A partir de los cambios recientes en la gestión migratoria de las Fronteras Sur y Norte, y particularmente las restricciones de ingreso por vía terrestre implementadas desde el pasado 19 de marzo, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes hemos documentado un rechazo expreso a personas y familias solicitantes de refugio, asilo y con necesidades de protección internacional que intentan ingresar a México en puntos de acceso formal como es el caso del puente Rodolfo Robles.

En este sentido hacemos un llamado a las autoridades involucradas en la garantía de protección para que:

• De manera coordinada, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado establezcan una ruta clara para garantizar el acceso efectivo a la información y procedimientos de refugio, asilo, declaración de apatridia y protección complementaria.
• El Sistema Nacional para la Protección Integral de la Familia, a través de las Procuradurías de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes ejerzan su labor de velar por la protección y el interés superior de las y los menores migrantes y refugiados, desde los puntos de ingreso al país, en el seguimiento a los casos individualizados y sea efectivo el interés superior.
• Se acabe con la obstaculización de la labor de observación, monitoreo, promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres migrantes, con necesidades de protección internacional y refugiados.

En el marco del despliegue de operativos de contención migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) en conjunto con fuerzas de seguridad, Guardia Nacional (GN) y ejército, que inició el 19 de marzo del presente año a partir de las negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y México, observamos y denunciamos diversas situaciones violatorias de los derechos humanos hacia las personas migrantes con necesidades de protección internacional en los corredores que conforman la frontera sur de México.

• Privación de la libertad bajo condiciones indignas de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el COVID-19, espacios insalubres, falta de alimentación adecuada, nula atención médica y de espacios diferenciados por género en la Estación Migratoria conocida como La Mosca. El personal de seguridad privada utiliza lenguaje amenazante y abusivo con las personas detenidas y no se les garantiza el derecho a la comunicación con el exterior.

• Detenciones de mujeres con bebés, niñas, niños y adolescentes (NNA), y NNA no acompañados, contrarias a la Ley de Migración vigente, en las estaciones migratorias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Comitán y el CAIFT de La Trinitaria.

• El absoluto desconocimiento, y por tanto nula actuación, de las procuradurías a cargo de la protección de NNA, DIF estatales y municipales ante la detención y privación de libertad de NNA y sus familias.

• Invisibilización de las necesidades de protección internacional de las personas víctimas de desplazamiento forzado y por ende falta de acceso a la Protección Internacional y otras formas de regularización migratoria en México.

• Deportaciones inmediatas que impiden el derecho a la información y solicitar protección internacional.

• Detenciones de personas con documentos de estancia regular vigentes en México.

• Obstaculización de la labor de observación, monitoreo y defensa de los Derechos Humanos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional