En el marco de la implementación de la reforma en materia de infancia migrante, la situación actual de más de 300 personas, en su mayoría familias conformadas por mujeres con niñas, niños y adolescentes (NNA), detenidas en la bodega acondicionada como Estación Migratoria Cupape II - La Mosca - en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas revela las consecuencias del reforzamiento del operativo de control migratorio y el cierre de fronteras anunciados el pasado jueves 18 de marzo por el gobierno mexicano ante la presión de Estados Unidos por contener el tránsito de personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

A pesar de que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNN) en su artículo 111, señala que en ningún momento las niñas, niños o adolescentes migrantes, independientemente de que viajen o no en compañía de una persona adulta, serán privados de la libertad en estaciones migratorias o en cualquier otro centro de detención migratoria, actualmente cerca de 329 personas muchas de ellas mujeres con sus hijas e hijos, se encuentran privadas de la libertad exigiendo sus derechos, entre ellos la liberación de NNA acompañadas quienes, en todo caso, deben recibir la atención y protección inmediata de la Procuraduría Federal de Protección y del Sistema DIF Estatal y Municipal. Preocupa, además, la situación de hacinamiento en que se encuentran, en completa contradicción con las medidas sanitarias a nivel federal de prevención del COVID-19 y que, en el caso de la Estación Migratoria de La Mosca, profundiza las graves condiciones de alimentación, salud y bienestar que se han denunciado desde su apertura en 2019.

We, the signatory organizations of this appeal, express our concern and rejection of 1) the measures restricting transit for non-essential activities at the land borders of Mexico announced on March 18 of this year by the Mexican Ministry of Foreign Affairs (SRE), as well as 2) the deployment of migratory containment operations along Mexico’s southern border, announced in external bulletin No. 144/2021 published March 19 by Mexico’s National Migration Institute (INM). The proposed measures seek to halt the movement of displaced unaccompanied children and adolescents (UC) and migrants with international protection needs, and they were made public in the context of negotiations with the United States to access vaccines against COVID-19.

We reject the response of the Mexican State to the displacement of individuals, families and children with international protection needs, because it denies the right to seek asylum, despite the fact that such displacements were foreseeable due to the persistent violence and insecurity, the deepening economic crisis derived from the impact of COVID-19, as well as the disasters caused by hurricanes Eta and Iota in the northern region of Central America.

Externamos nuestra preocupación y rechazo a las medidas de restricción de tránsito para actividades no esenciales en las fronteras terrestres de México dadas a conocer el 18 de marzo del año en curso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como el despliegue de operativos de contención migratoria en la frontera sur del país anunciados en el boletín (144/2021) publicado el día 19 de marzo por el Instituto Nacional de Migración (INM). Medidas que tienen como objetivo detener el desplazamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes y con necesidades de protección internacional, y que se dieron a conocer en el contexto de las negociaciones con Estados Unidos para acceder a las vacunas contra la COVID-19.

Rechazamos que la respuesta del Estado mexicano a los desplazamientos de personas, familias y NNA con necesidades de protección internacional sea negar el derecho a solicitar refugio, a pesar de que dichos desplazamientos eran previsibles en virtud de la persistente violencia e inseguridad, la  profundización de la crisis económica derivada del impacto de la COVID-19, así como los desastres naturales ocasionados por los huracanes Eta e Iota en la región norte de Centroamérica.

Ante el despliegue policial y militar y mediatizado por el Instituto Nacional de Migración (INM) bajo un preocupante discurso de “nuestra causa es México”, las organizaciones del Colectivo de Observación documentamos la movilización de fuerzas de seguridad en el trayecto entre la ciudad de Tapachula y los distintos pasos fronterizos del municipio de Suchiate.

• Se observa una fuerte presencia de agentes del INM y un despliegue de miembros de Guardia Nacional, Policía Federal, Ejército Mexicano con distintivos del plan DN-III, Secretaría de Marina, la Secretaria de Seguridad y Ciudadana, la Policía Estatal Fronteriza y la Policía Estatal de caminos en distintos puntos fronterizos.
• Alertamos sobre distintas acciones de vigilancia y hostigamiento a Defensoras de Derechos Humanos.
• Reiteramos que el uso de narrativas, discursos y operativos de intimidación y de disuasión promueven la criminalización y provocan xenofobia y discriminación.

Frente a las noticias sobre la salida de personas migrantes en una caravana del éxodo centroamericano, lasorganizaciones abajo firmantes de la región, hacemos un llamado a los gobiernos de El Salvador, EstadosUnidos, Guatemala, Honduras y México para garantizar que su respuesta a esta población sea con estrictorespeto a los derechos humanos y garantice la posibilidad de solicitar la condición de refugiado para laspersonas que huyen de la violencia y persecución en sus países de origen, o por las condiciones derivadasdel impacto ambiental y social ocasionado por los huracanes en Centroamérica.

• Garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiado en el país que las personas escojan comodestino seguro.
• Incluir diagnósticos de necesidades de protección para garantizar el principio de no devolución apersonas a un país donde su vida y libertades fundamentales estén en riesgo.
• Atender necesidades humanitarias siguiendo protocolos de bioseguridad para evitar la propagaciónde la COVID-19 e incluir a la población migrante y quienes les atienden en las medidas preventivas yde atención a la salud en este contexto.
• Desplegar campañas informativas para que las personas conozcan sus derechos.
• Garantizar la no detención de personas solicitantes de la condición de refugiado, y cumplir lalegislación mexicana que prohíbe la detención de niños, niñas y adolescentes no acompañados yacompañados.
• Asegurar que las respuestas Estatales involucren activamente en el diseño e implementación decualquier medida a las autoridades competentes en materia de refugiados, salud, protección aderechos de la infancia y otras dependencias que en razón de sus facultades deben velar por elbienestar y los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.
• Promover y garantizar la rendición de cuentas a agentes migratorios y otros elementos desplegadospara acciones de control migratorio por delitos o violaciones a los derechos humanos de las personasmigrantes y solicitantes de protección, así como por quienes defienden sus derechos.
• Retirar a las corporaciones militares de los operativos de control y verificación migratoria, incluyendola Guardia Nacional en México, y asegurar que estos se realizan por autoridades civiles.
• Asegurar que cualquier persona con documentos válidos de haber solicitado asilo en Estados Unidosbajo el programa "Quédate en México", puede viajar libremente y en condiciones de seguridad alpuerto de entrada donde se deba presentar para dar seguimiento a su proceso migratorio.