Frente a las noticias sobre la salida de personas migrantes en una caravana del éxodo centroamericano, lasorganizaciones abajo firmantes de la región, hacemos un llamado a los gobiernos de El Salvador, EstadosUnidos, Guatemala, Honduras y México para garantizar que su respuesta a esta población sea con estrictorespeto a los derechos humanos y garantice la posibilidad de solicitar la condición de refugiado para laspersonas que huyen de la violencia y persecución en sus países de origen, o por las condiciones derivadasdel impacto ambiental y social ocasionado por los huracanes en Centroamérica.

• Garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiado en el país que las personas escojan comodestino seguro.
• Incluir diagnósticos de necesidades de protección para garantizar el principio de no devolución apersonas a un país donde su vida y libertades fundamentales estén en riesgo.
• Atender necesidades humanitarias siguiendo protocolos de bioseguridad para evitar la propagaciónde la COVID-19 e incluir a la población migrante y quienes les atienden en las medidas preventivas yde atención a la salud en este contexto.
• Desplegar campañas informativas para que las personas conozcan sus derechos.
• Garantizar la no detención de personas solicitantes de la condición de refugiado, y cumplir lalegislación mexicana que prohíbe la detención de niños, niñas y adolescentes no acompañados yacompañados.
• Asegurar que las respuestas Estatales involucren activamente en el diseño e implementación decualquier medida a las autoridades competentes en materia de refugiados, salud, protección aderechos de la infancia y otras dependencias que en razón de sus facultades deben velar por elbienestar y los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.
• Promover y garantizar la rendición de cuentas a agentes migratorios y otros elementos desplegadospara acciones de control migratorio por delitos o violaciones a los derechos humanos de las personasmigrantes y solicitantes de protección, así como por quienes defienden sus derechos.
• Retirar a las corporaciones militares de los operativos de control y verificación migratoria, incluyendola Guardia Nacional en México, y asegurar que estos se realizan por autoridades civiles.
• Asegurar que cualquier persona con documentos válidos de haber solicitado asilo en Estados Unidosbajo el programa "Quédate en México", puede viajar libremente y en condiciones de seguridad alpuerto de entrada donde se deba presentar para dar seguimiento a su proceso migratorio.

El presente informe refleja los hallazgos de la Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México (MODH), que se llevó a cabo del 17 de agosto al 18 de septiembre de 2020. Esta misión tuvo como objetivo actualizar la información sobre los problemas que enfrenta la población migrante y sujeta de protección internacional en la frontera sur de México, en relación con las distintas misiones de observación de derechos humanos realizadas de 2016 a 2019. En los meses transcurridos desde la misión de mayo de 2019 a agosto de 2020, las situaciones en materia de política migratoria, asilo y violaciones de derechos humanos se han complejizado con la intensificación de la militarización del control fronterizo y el refuerzo de los acuerdos entre México y Estados Unidos, a lo que se suma la agudización de la emergencia humanitaria a partir de la contingencia provocada por la pandemia de COVID-19.

Ante los grupos de personas migrantes que se movilizan a través de Guatemala desde el pasado 1ª de octubre, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano activó el monitoreo en la frontera de Chiapas.

• En México hubo una fuerte presencia de agentes de INM y un despliegue de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en las orillas del Río Suchiate, en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
• Mientras tanto en Guatemala: El Instituto Guatemalteco de Migración reportó el 3 de octubre que habían ingresado a Guatemala, por la frontera de Corinto, aproximadamente cuatro mil personas hondureñas. De estas, habían deportado o retornado a 2159; autoridades de Guatemala prohibieron a transportistas llevar a personas hondureñas, incluso pagando el pasaje.
• Reiteramos que el uso de narrativas, discursos y operativos de intimidación y de disuasión utilizan mensajes que criminalizan y provocan xenofobia y discriminación.

Ante los grupos de personas migrantes que se movilizan a través de Guatemala desde el pasado 1ª de octubre, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano activó el monitoreo sobre la situación de las personas y su tránsito. 

• En México hubo una fuerte presencia de agentes de INM y un despliegue de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en las orillas del Río Suchiate, en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
• Mientras tanto en Guatemala: El Instituto Guatemalteco de Migración reportó el 3 de octubre que habían ingresado a Guatemala, por la frontera de Corinto, aproximadamente cuatro mil personas hondureñas. De estas, habían deportado o retornado a 2159; autoridades de Guatemala prohibieron a transportistas llevar a personas hondureñas, incluso pagando el pasaje.
• Reiteramos que el uso de narrativas, discursos y operativos de intimidación y de disuasión utilizan mensajes que criminalizan y provocan xenofobia y discriminación.

Las políticas punitivas regionales de contención y criminalización sólo contribuyen a agravar la crisis humanitaria de migración y refugio, en lugar de promover políticas de corresponsabilidad que atiendan las causas estructurales de las migraciones y atiendan de manera adecuada la protección de las personas ante los riesgos de la pandemia por COVID-19.

• Hacemos un llamado enérgico a las autoridades de la región a atender las necesidades humanitarias de las personas migrantes y quienes buscan protección internacional, con pleno respeto de sus derechos humanos.
• Hacemos un urgente llamado a la empatía y la solidaridad entre los pueblos centroamericanos y mexicanos hacia las personas en contexto de movilidad humana.